Una joven tucumana denunció penalmente a sus ex representantes legales por administración fraudulenta, estafa, retención indebida de fondos y extorsión, acusándolos de haber montado un ardid basado en el miedo y la manipulación psicológica para arrebatarle el control fiduciario de los millones obtenidos como reparación integral del daño por haber sufrido un abuso sexual. El caso derivó en que la Justicia ordenó el allanamiento de las oficinas de los acusados, disponiendo además restricciones de acercamiento y comunicación en resguardo de la víctima y de su grupo familiar frente al peligro de represalias. Los acusados negaron las acusaciones y uno de ellos afirmó a LA GACETA que se trata de una maniobra política para perjudicarlos.

La apertura de una investigación penal preparatoria fue formalizada por el fiscal Carlos Saltor, contra los abogados Alfredo y Silvia Aydar. La causa se originó a partir de la presentación judicial efectuada por la víctima, T. C., quien denunció haber sufrido un desapoderamiento ilegítimo y una persistente violencia económica y psicológica por parte de los profesionales que debían velar por sus derechos. La mujer aseguró que el capital bajo disputa fiduciaria no procedía de una transacción comercial ordinaria, sino de una indemnización integral del daño derivada de un proceso penal previo por abuso sexual. La víctima y el victimario habían alcanzado un acuerdo de salida alternativa consistente en la entrega de una camioneta Ford Ranger Limited 4x4 modelo 2023, la cual se encontraba valuada teóricamente en unos 50 millones de pesos y cuyos honorarios profesionales debían ser soportados en su totalidad por el propio denunciado.

Según la denuncia, la maniobra presuntamente espuria comenzó a materializarse con posterioridad a la firma del convenio resarcitorio, cuando los hermanos Aydar supuestamente impidieron que la joven dispusiera de forma real y efectiva del rodado, el cual permaneció bajo la custodia material de terceros hasta su venta en un concesionario el 12 de noviembre de 2025. La operación comercial concluyó con la entrega en efectivo de 33.500.000 pesos. Según la denuncia, inmediatamente después, los letrados habrían inducido a la víctima a entregarles 30.000.000 de pesos. En su relato ante la sede fiscal, la denunciante detalló: “El argumento utilizado para inducirme a entregar el dinero fue el miedo: miedo a la inseguridad, miedo a represalias, miedo a ser nuevamente vulnerada y miedo a perder la reparación económica”. La mujer, quien dijo que se encontraba atravesando un cuadro de trauma emocional por el abuso sexual y cursaba un avanzado estado de embarazo, confió el dinero a los profesionales sin suscribir ningún mandato o contrato.

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La hipótesis planteada por el Ministerio Público sostiene que los acusados bloquearon sistemáticamente el libre acceso de la afectada a sus propios recursos económicos, obligándola a pedir autorizaciones y rendir explicaciones para retirar sumas menores destinadas a la subsistencia de su hijo recién nacido. El punto de quiebre definitivo en la relación profesional aconteció cuando Alfredo Aydar le notificó a la damnificada que había extraído diez millones de pesos de sus fondos 10 millones de pesos de sus fondos para destinarlos a dos supuestos préstamos a favor de terceras personas no identificadas radicadas en Santiago del Estero. En chats la joven le recrimina al letrado: “No voy a retirar la plata del interés, yo no firmé nada, yo no hice contrato con nadie. Yo quiero la plata de vuelta. ¿Usted se quiere quedar con mi plata?”. Los abogados le presentaron una planilla de cálculos donde justificaron la retención de 2.300.000 pesos en concepto de honorarios y gastos por otros procesos judiciales, se denunció. Alfredo Aydar habría invocado la redacción y presentación de “más de 100 escritos” judiciales y el cobro de consultas a razón de 650.000 pesos cada una, un extremo que la víctima negó de forma categórica al afirmar que solo firmó dos presentaciones concretas y que los profesionales le habían asegurado que todo el trámite legal estaba saldado por el acusado original. La jueza Cynthia Rocha hizo lugar al requerimiento fiscal al considerar que se encuentra acreditada la verosimilitud del ardid y la necesidad imperiosa de resguardar los elementos de prueba digitales y documentales antes de que sufran alteraciones o destrucciones por parte de los sospechados. Así se autorizó el allanamiento del estudio jurídico como así también la residencia particular del abogado.

"Pretenden desacreditarme”: Aydar dijo que es una maniobra en su contra

"En el último tiempo creció fuerte mi ataque a políticos contra la corrupción. Habría que investigar si todo esto no está relacionado con mi actividad y tiene un orígen político para desacreditarme”. El abogado Alfredo Aydar dijo a LA GACETA: “Aquí hablamos de una joven a la que se le consiguió una indemnización en una causa por abuso. La venimos ayudando por un juicio contra un ex concejal... por el abuso en el que se llegó a un acuerdo por un monto de dinero”. Afirmó que a la denunciante le entregaron una camioneta, “y ella la vende a través de un amigo mío, pero le queda una deuda por honorarios y escritos. Luego ella me pide que la plata que le quedaba y me dice si conocía a alguien para hacer un mutuo. Entonces yo averiguo quien haga el mutuo por un total de 10 millones, se le paga 250.000 por mes”. “Luego de esta situación ella me llama por teléfono después de tres o cuatro meses, y me dice que no quería hacerlo más, pero ella se obligó por dos años”, indicó. “Esta chica tiene conexiones muy fuertes con políticos”.